El domingo, los grupos de defensa detrás de la controvertida “cápsula de suicidio” anunciaron recientemente que han suspendido temporalmente el proceso de solicitud para su uso, a la espera del resultado de una investigación criminal sobre el primer uso del dispositivo en Suiza.
La cápsula, que había recibido más de 370 solicitudes el mes pasado, está siendo examinada tras la muerte de una mujer estadounidense de 64 años el 23 de septiembre. Según el grupo de defensa, se han suspendido las 371 solicitudes pendientes para usar la Sarco. También aclararon que el momento de la declaración de Baume-Schneider fue pura coincidencia, afirmando que no tenían intención de entrar en conflicto con la postura del gobierno.
Además, Florian Willet, presidente del grupo suizo The Last Resort, permanece en prisión preventiva, según declaraciones de la organización y de su afiliado australiano, Exit International. Según los informes, Willet fue la única persona presente durante la muerte de la mujer, que Exit International describió como “pacífica, rápida y digna”.
Mientras tanto, Suiza es bien conocida por sus leyes permisivas sobre el suicidio asistido, pero la introducción de la cápsula Sarco ha reavivado el debate. Según la ley suiza, el suicidio asistido es legal siempre y cuando el individuo administre el acto por sí mismo y quienes asistan no obtengan beneficios personales de la muerte. Sin embargo, la implicación de la cápsula Sarco en este caso ha suscitado dudas sobre su legalidad.
Es notable que el mismo día del incidente, la ministra de Salud de Suiza, Elisabeth Baume-Schneider, informó al parlamento que el uso de la cápsula Sarco es ilegal. Sin embargo, el equipo legal de Exit International en Suiza sostiene que el dispositivo es permisible bajo la ley suiza.